Final de tarde de verano, un mes antes de que comenzara la pandemia del coronavirus en América Latina. En las plazas verdes del parque Rodó, frente a la rambla, junto al Río de la Plata, hay grupos de jóvenes, personas de mediana edad, parejas de ancianos. Beben mate, hablan, flirtean, mientras niños corren y ruedan descalzos por el césped.

Aquí y allá se puede oler el inconfundible olor: hay grupos y parejas que fuman marihuana. No hay policías, ni parece que haya personas molestas por ello. Parece tan natural como sentarse en un muro para disfrutar de la puesta de sol.

“Cultivo marihuana en casa, no la compro en la farmacia, porque creo que lo que vende el gobierno es muy flojo. Me gusta esta ley porque no hay que recurrir a un camello. Me paso una hora al día cuidando mis plantas y es muy terapéutico, me relaja y me da placer”, explica un consumidor acompañado de su novia a Folha.

A primera vista, la Ley de la Marihuana parece ideal, vigente en Uruguay desde 2013. Sin embargo, una lectura detallada del texto muestra que tiene puntos positivos y otros en los que aún no se ha llegado a un consenso.

Si bien algunos aspectos, como la producción de ingredientes para medicamentos de origen vegetal, evolucionan rápidamente, otros todavía  necesitan mejorar, como el control de consumidores y la equiparación de la demanda de locales y de extranjeros.

Estos últimos, antes de la pandemia, nada más desembarcar en el puerto de Montevideo o en aeropuertos preguntaban por drogas y enseguida se convirtieron en un blanco fácil para narcotraficantes por los callejones cercanos al puerto o en las mismas puertas de los hoteles.

La legislación de 2013 avanzó con respecto a otra en vigor desde 1971, que permite a cualquier ciudadano portar, en pequeñas cantidades y para consumo propio, cualquier sustancia ilícita; el texto sigue siendo válido para otras drogas, desde cocaína a heroína.

No obstante, en 2013, durante la gestión del Frente Amplio (izquierda), bajo la presidencia de José “Pepe” Mujica, se creó una legislación mucho más integral.

El texto establece que el Estado es responsable de plantar, producir, almacenar, distribuir y vender marihuana. Para tener acceso, el interesado debe registrarse en el Ministerio de Sanidad, ser uruguayo o tener un documento de residencia permanente.

Solo así se puede comprar el producto de este cultivo en las 17 farmacias del país que lo venden. La cantidad máxima de compra permitida es de 40g por mes, 10g por semana. La producción y distribución no se han interrumpido durante la pandemia.

El Estado, sin embargo, no puede producir lo suficiente para quienes desean comprar en farmacias. Solo hay dos empresas que han obtenido la licencia para producir, una uruguaya y otra canadiense, y la cantidad no cubre la demanda.

“Los paquetes se agotan en cuestión de segundos cuando llegan”, dice Sérgio Redin, de 56 años, responsable de la farmacia Antártida. Para evitar las colas que se formaban en un principio, los establecimientos comenzaron a hacer reservas online.

“Es difícil comprar, para conseguir reservar hay que ir insistiendo en más de una farmacia”, dice Nahum Martínez, de 19 años, quien vino a recoger sus pedido mientras el periódico se encontraba en el local.

El cannabis distribuido en los establecimientos es de dos tipos, Cannabis índica o Cannabis sativa. “Consumo la índica cuando quiero relajarme y la sativa cuando quiero ser más creativo, escribir o dibujar”, cuenta Martínez, que trabaja en una panadería.

En una de las farmacias que visitó Folha, se percibía el hastío del farmacéutico. “No sé por qué esto sigue siendo un problema. El teléfono sigue sonando, todos vienen aquí a preguntar, todos están cansados de saber cómo funciona, ?qué más hay que decir? ", se queja, prácticamente echando a los periodistas del lugar.

La ley de la marihuana se ha vuelto tan conocida en todo el mundo que, especialmente en vacaciones, Uruguay se llena de turistas que entran en las tiendas de artículos para fumadores –que venden papel seda, narguilés, tierras para cultivo, pero no marihuana– preguntando cómo y dónde conseguir la hierba. Muchos incluso llegan a poner un cartel en la puerta o en el mostrador: “Aquí no se vende marihuana”.

“No tiene sentido cerrar esto al turismo. Creo que en un segundo paso esta legislación debe abrir más ventas, exigir menos registros de usuarios y dejar que el país se beneficie de su producción, desarrolle sus productos”, dice el activista Eduardo Blasina, propietario y director del Museo del Cannabis en Montevideo.

De todas formas, Blasina cree que la ley ha funcionado. “El estigma de la marihuana en la sociedad está disminuyendo, la aceptación de la gente está aumentando, y creo que todo gobierno democrático y humanista terminará regulando su producción y venta de alguna manera y en algún momento”.

Como hay muchas restricciones, hay quienes entran en el mercado intentando montar un negocio dentro de los límites de la ley. Este es el caso de los llamados chefs cannábicos, que organizan eventos o cursos en residencias privadas y preparan alimentos elaborados a base de marihuana de varias procedencias: lícita, donada, ilícita o cultivada por ellos mismos.

Uno de los que planea convertirse en chef de cannabis profesional es Gustavo Colombek, de 29 años, un brasileño que se mudó a Uruguay cuando se fue aprobada la ley. “Empecé a aprender a cocinar con marihuana en Europa. Conseguí mis papeles uruguayos y organicé eventos, haciendo platos con los que la persona puede tener la experiencia de la marihuana ingerida. Pero es algo muy delicado, hay que ajustar el tono y la cantidad, para que el cliente no tenga un problema de salud, porque el efecto es mucho más fuerte”.

Para Folha, Colombek preparó un plato que él mismo creó, Chicken Sauce Smoke. Es un pollo con patatas que lleva aceite de marihuana. Otro de sus platos de autor es el cerdo loco, una carne asada con una infusión de flores de marihuana.

Las primeras prácticas que se legalizaron fueron el cultivo personal, restringido a seis plantas, y los clubes de cultivo, en los que se juntan varios consumidores, nombran a un cultivador y él es el responsable de hasta 99 plantas. Pero el límite de cuánto puede consumir cada socio es igual al de las farmacias, 40g al mes.

Esta es, sin embargo, la parte de la ley que más gusta a los consumidores, porque así evitan las farmacias y se crea una convivencia más amistosa con otros consumidores. Hay más de 150 clubes en Uruguay, inspeccionados por el IRCCA (Instituto de Regulación y Control del Cannabis).

Hay reglas que incluyen la calidad del suelo, la seguridad de la propiedad y la restricción de invitados en el área de cultivo. En caso de irregularidad, la licencia puede ser revocada o las plantas pueden ser destruidas.

“La ley no es ideal para los consumidores, no creo que se hiciera para ellos, sino para desarrollar la industria farmacéutica, dejándonos algunas migajas”, dice la veterana activista Alicia Castilla, cuya detención fue uno de los detonantes de la lucha por la legalización  de marihuana en el país. Fue denunciada por un vecino por poseer más de 20 plantas en casa.

“Ahora, al menos, no acabamos en chirona si la plantamos, y el gobierno ha dejado de meterse en un derecho humano, que es dejarme decidir qué pasa dentro de mi piel, qué quiero comer o consumir”.

Pero el principal problema que ve es el del registro. “Actualmente, esta información está bien guardada, según el gobierno, pero ?y si mañana tenemos un gobierno que decide poner esta información a disposición, vender esta lista, qué pasa?”

De la generación de los que resistieron la dictadura uruguaya (1973-1985), Castilla desconfía de las listas. “En la dictadura también hacían listas, querían saber nombres, ?para qué? Para detenernos y torturarnos”, dice el activista.

En la casa de Alicia hay seis vistosas plantas, en un hermoso jardín a pocos metros de la playa. Allí también guarda la memoria y biblioteca de su esposo, el intelectual Daniel Vidart (1920-2019), que la acompañó en su activismo.

No muy lejos, también cerca de la playa, se encuentra el creciente club de Guillermo Amandola. En la casa principal vive con su esposa e hijos. Al fondo, en una especie de nave, se encuentra el club, cubierto, rodeado de alambres y con luces, para 99 plantas.

Guillermo dice que lo que más le gusta es fabricar los diferentes sabores que ofrece. En una habitación al fondo, donde recibe a los socios del club, hay una balanza, en la que pesa lo que cada uno puede llevarse, y un armario, conocido como bodega. Allí, en macetas, están los tipos de marihuana que cada integrante puede elegir.

Pero Amandola critica la regulación. Para él, no hubo liberación, sino restricción.

“Es como si estuviera en libertad condicional. Crearon muchas normas y, por lo tanto, mataron al activismo. La idea del límite de la planta es absurda, ?por qué 99? Nadie me ha explicado de dónde sale ese número”.

En cuanto a las quejas de los consumidores, el director ejecutivo del IRCCA, Martín Rodríguez, dice que el balance del funcionamiento de la regulación hasta el momento es positivo.

“La idea nunca fue la de una liberación total, ni la de vender al exterior ni a los extranjeros. El objetivo era quitarle el negocio a los narcotraficantes y aprobar una legislación para consumidores uruguayos o residentes permanentes en Uruguay”, explica.

Rodríguez dice que es positivo que haya registradas más de 50.000 personas, ya que cree que es una muestra de confianza en el sistema. La lista de consumidores está en el Ministerio de Salud y desvinculada de la actividad de cada uno, dice: hace falta una orden judicial para vincular la información.

Según el balance del IRCCA, el tráfico de drogas obviamente no ha terminado, pero ha disminuido. Antes, se estimaba que el 58% de la marihuana consumida en Uruguay provenía de Paraguay, producida en malas condiciones, el resto, de cultivos locales ilegales.

Ahora, la droga vendida por los narcotraficantes habría bajado al 11% del total, lo que significa, según la agencia, que US $30 millones han dejado de ir a facciones criminales. También según la entidad, por cada 3 consumidores de marihuana en Uruguay, 1 la obtiene legalmente.

Entre los temas pendientes está la relación entre los puntos de venta y los bancos. La mayoría de los bancos extranjeros temen tratar con establecimientos que venden marihuana. “Por ahora no hay solución, decidimos echándole imaginación”, dice Martínez.

En los últimos meses ha aumentado el número de empresas que han obtenido licencias para fabricar ingredientes para la producción de marihuana medicinal. Son más de 70 activos, uruguayos y extranjeros, y más de 30 están en lista de espera de licencias.

Por ahora, producen insumos para fabricar productos para diferentes enfermedades: trastornos estomacales, epilepsia, enfermedad de Parkinson, efectos secundarios de la quimioterapia. Sin embargo, todavía no existen medicamentos fabricados íntegramente en Uruguay. Estas empresas exportan a países que tienen medicamentos regulados; muchos de ellos vuelven a venderse en Uruguay.

La marihuana recreativa estatal se cultiva en un solo lugar, un invernadero, por dos empresas, una uruguayo-española y otra canadiense. El local está en obras para albergar tres nuevas empresas foráneas. Por tanto, se espera solucionar la escasez que viven las farmacias.

Donde hay plantaciones gigantes es en zonas destinadas a empresas de distintas nacionalidades que han obtenido una licencia para la producción de marihuana medicinal.

Folha visitó la estadounidense Fotmer, una de las más grandes y la primera que obtuvo una licencia en Uruguay, que cuenta con más de 20 invernaderos enfilados. Dentro de ellos, solo el ruido de la ventilación y los pasos suaves de los trabajadores que entran a controlar las plantas, identificar enfermedades, eliminar las que no se están desarrollando satisfactoriamente y registrar la evolución de cada una. Todas están identificadas con un código de barras.

Fotmer nació en Colorado, pero su CEO, Jordan Lewis, dice que está muy entusiasmado con las posibilidades que ofrece Uruguay. Según Lewis, el objetivo de la empresa es crear una industria de US $1.000 millones en los próximos cinco o siete años.

Hay dos propiedades ocupadas por la empresa en zonas francas del país. Una, cerca del aeropuerto de Carrasco, alberga las plantas madre, elegidas entre las mejores disponibles por científicos uruguayos y estadounidenses. El segundo sitio, cerca de Colonia, es donde tiene lugar el ciclo completo y donde se encuentra el laboratorio.

Fotmer exporta unos 100 kg de flores y extractos de marihuana al mes, y los principales destinos son los laboratorios de Europa y EE UU que producen medicamentos.

Los médicos dicen que faltan estudios sobre la marihuana medicinal. Según los estudiosos escuchados por Folha, solo hay tres casos en los que el cannabis medicinal es realmente efectivo: epilepsia (usando solo el CBD de la planta), dolor neuropático o crónico y alivio de los síntomas digestivos de la quimioterapia (CBD con bajo contenido de THC).

El neurólogo Gustavo González ve el sistema uruguayo como un buen experimento, pero dice que debería haber más investigación antes de construir tanta estructura para producir fármacos.

Folha probó la marihuana de las farmacias y coincide con los consumidores entrevistados: es floja. Ya la plantada en casa, por consumidores con experiencia y con técnicas adecuadas, es mucho mejor y produce efectos más placenteros. No obstante, los consumidores coinciden en que tanto la marihuana estatal como la artesanal son mejores que la paraguaya.

Cuando la ley entró en vigor, las encuestas gubernamentales mostraron que el 66% de los uruguayos rechazaba la norma; hoy, el 61% se declara a favor.

Desde marzo de 2020, Uruguay tiene un nuevo gobierno, el centroderechista Luis Lacalle Pou, pero nada ha cambiado en cuanto a la legislación. Desde la campaña, Lacalle Pou mantiene que no hará ningún intento por cambiar las leyes sobre derechos civiles aprobadas durante el gobierno del Frente Amplio, como la marihuana, el aborto y el matrimonio homosexual.

Ley de la marihuana de Uruguay

Fuente: IRCCA