En la pared, el emblema de la hoja de coca sobre el hacha y el machete –símbolo comunista de la hoz y el martillo– es la tarjeta de presentación de la federación de sindicatos cocaleros de Chimoré, en Chapare. En el suelo de cemento, miles de hojas se secan antes de ser ensacadas. Hasta ese momento, el proceso está dentro de la ley, pero parece poco probable que el destino final sea el consumo tradicional. Lo más probable es que se haga polvo.

El escenario augura el descontrol, no obstante, las cifras revelan lo contrario. Hace más de una década, cuando un cocalero del Chapare llegó a la presidencia, Bolivia adoptó una estrategia que nunca fue admitida oficialmente, pero que resultó en el experimento más exitoso del mundo para controlar la producción de cocaína: la legalización de la siembra que iría a parar a manos del narcotráfico.

La política hasta hace poco fue comandada por Evo Morales, que renunció al poder en octubre de 2019. Primero como líder de los productores, enfrentó erradicaciones de cultivos financiadas por Estados Unidos e intentos fallidos de plantaciones alternativas. Ya como presidente (2006-2019), expulsó a la DEA (agencia antidrogas de Estados Unidos), delegó el control de los cultivos a los sindicatos y aumentó la superficie de coca permitida en el Chapare, en el centro del país, pasando de 3.200 hectáreas a 7.700 hectáreas.

Así, se desmanteló la tutela norteamericana, basada en la erradicación agresiva de las plantaciones de Erythroxylum coca, cultivadas en los Andes desde al menos el año 2000 a.C. Fueron más de dos décadas de ineficientes programas para reponer cultivos y perseguir al narcotráfico, una estrategia que predomina en los otros dos países productores del mundo, Colombia y Perú.

La Bolivia de Evo mantuvo la legislación con penas duras, sin legalización del consumo ni siquiera de marihuana. Así, el discurso oficial pasó a ser “coca sí, cocaína no”, con énfasis en el uso tradicional presente en varios países sudamericanos, incluido Brasil –en el noroeste de la Amazonia, la hoja se llama epadu.

Es un hecho que, además del crecimiento poblacional, la masticación tradicional ha ido sumando adeptos gracias a novedades que mejoran su sabor amargo. El suplemento más popular es la stevia, un edulcorante natural. El café y el chocolate también están entre las opciones.

Pero el consumo tradicional está lejos de absorber la producción. Cifras del propio gobierno de Evo indican que más del 90% de la coca del Chapare no pasa por los dos mercados legales de hoja, en Cochabamba y La Paz.

Este desvío es fácil de constatar por las calles, incluso en Chapare, donde la coca que se vende para masticar tradicionalmente la suelen traer de Yungas, una región cercana a La Paz donde la planta sagrada andina se cultiva desde hace siglos.

La hoja de coca es un estimulante de potencia media con alto poder nutricional, fuente de calorías, proteínas, calcio, hierro, vitamina A y otros nutrientes. Antes incluso de la invasión europea ha sido parte de la dieta de los pueblos andinos y amazónicos.

La cocaína, sacada de la hoja, se extrajo por primera vez en 1860, en Alemania. Durante décadas se utilizó legalmente en medicina y de forma recreativa, hasta que fue prohibida en varios países en la primera mitad del siglo XX.

Bolivia es el principal proveedor de cocaína de Brasil. Un estudio de 2012 de la Policía Federal reveló que el 54,3% de la cocaína que entra en el país procede del Chapare o de Yungas. En segundo lugar, aparece Perú (38%).

Brasil es el segundo mayor consumidor mundial de clorhidrato de cocaína (polvo), después de Estados Unidos, y probablemente el mayor consumidor de derivados de la cocaína (como el crack), según un informe del Departamento de Estado estadounidense.

Importante punto de embarque hacia Europa, Brasil es el único país que limita con las tres naciones productoras.

El periódico intentó sin éxito entrar en contacto con la PF en Brasilia para comentar la entrada de cocaína boliviana.

A diferencia de Yungas, la plantación intensiva de coca es reciente en Chapare. El cultivo se disparó a partir de la década de 1980 debido a la demanda y la mano de obra disponible luego del despido y la migración masiva de mineros del Altiplano, la mayoría del pueblo quechua. Actualmente, las federaciones representan alrededor de 50 mil familias.

La legalización de la coca en Chapare comenzó bajo el gobierno de Carlos Mesa en 2004, tras un acuerdo con Morales. Desde entonces, una familia puede plantar un máximo de un “cato”, correspondiente a 1.600 m², lo que equivale a dos canchas de fútbol sala.

El excedente está sujeto a “racionalización”. El control sobre quién tiene derecho a un cato y quién ha superado el límite son los sindicatos y las federaciones. Depende del gobierno combatir el cultivo en áreas no autorizadas, como parques nacionales y regiones fuera del Chapare y Yungas.

No faltaron las críticas a lo que estaba ocurriendo en el Chapare, principalmente desde Estados Unidos. Opositores, como el expresidente Jorge “Tuto” Quiroga, predijo que la coca financiaría un nuevo narcoestado, como lo había hecho a principios de los ochenta.

Pero no ha sido así. En 2008, cuando Evo expulsó a la DEA, Bolivia tenía 25.400 hectáreas de coca. Once años después, el país tiene una superficie casi idéntica, 25.500 hectáreas.

En la misma época, Colombia, que aplica una línea dura y recibe una media de ayuda de US$ 400 millones por año de Estados Unidos, experimentó un aumento de un 90% de la superficie plantada, llegando a las 154 mil hectáreas. Es, con mucha ventaja, el mayor productor de cocaína, por detrás, le siguen Perú y Bolivia. Las cifras son del UNODC (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito).

Otra comparación favorable es el nivel de violencia. En Bolivia, la tasa de homicidios es de 6 por cada 100.000 habitantes, una de las más bajas de América Latina. En Colombia, la tasa llega a 25 por cada 100 mil habitantes, una de las más altas de la región. Perú ocupa una posición intermedia.

“No hay cárteles [en Bolivia] como el de Cali o Sinaloa. Hay vínculos con algunos organismos internacionales para transportar la droga, pero es una delincuencia boliviana, no tan agresiva como en otros países. Y existe un control de la policía, de las fuerzas especiales”, comenta el exdirector general de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, general Luis Caballero, en La Paz, donde ahora ejerce como abogado.

En un informe del Departamento de Estado estadounidense, Bolivia y Venezuela aparecen como los únicos países que “han demostrado no haber cumplido” con las obligaciones internacionales para combatir el narcotráfico. Al justificar la clasificación, que genera sanciones contra Bolivia, el documento menciona el aumento del área legal de 12 mil hectáreas a 22 mil hectáreas, en 2017.

La expansión no cuenta con un respaldo técnico. En 2013, un estudio financiado por la Unión Europea concluyó que 14.700 hectáreas son suficientes para mantener el consumo tradicional.

“Por supuesto, esto es una legalización ‘de facto’", afirma el economista Roberto Laserna, quien ha estudiado la coca durante más de dos décadas. “Conociendo el destino de esta coca, se permitió producir y vender. La idea del gobierno era tomar medidas enérgicas contra el narcotraficante y liberar al cocalero, pero obviamente hay una conexión directa entre ellos”.

Defensor de la regularización de la coca y la cocaína, el investigador de Ceres (Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social), de Cochabamba, insiste en que el control debe ser responsabilidad del Estado. En Chapare, dice, el resultado fue una “república” controlada por los sindicatos, en la que los campesinos tienen poco poder de decisión mientras crece el narcotráfico.

“La solución al problema de la coca y la cocaína requiere alguna forma de legalización y regularización. Y eso comienza con el control de la coca mediante licencias a productores individuales. Esto es imposible ahora por el poder de los sindicatos, la ausencia del Estado y la penetración del narcotráfico en esta zona”.

Con la experiencia de casi 30 años combatiendo la trata de personas en Cochabamba, el coronel de la Policía Nacional Rolando Raya afirma que, desde el gobierno de Evo Morales, la producción se “autodisciplinó”, mientras que el cato hizo que el dinero se repartiera de manera homogénea.

“Ellos pensaron: '?Qué pasará si producimos más? Habrá intervención. Entonces haremos una política de éxito. Es legal tener un cato’. Nadie creció más de lo que tenía que crecer. Es un narcotráfico disciplinado”, dijo en una entrevista en la sede de su comando.

Exintegrante de la FELCN, Raya dice que, por otro lado, hay una mayor penetración y dispersión del tráfico, que ha pasado de grandes jefes a clanes familiares. “Las fábricas [de cocaína] están por toda Bolivia”, dice el coronel, que ve una creciente pérdida de control territorial. “Si entramos, hay muerte. Ni siquiera el gobierno de Morales pudo entrar”.

Huérfano a la edad de 12 años, Edgar Quispe emigró de Potosí al Chapare en la década de 1980 para trabajar en cultivos de coca. Dijo que hasta el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003), el ejecutivo actuaba con violencia para erradicar la coca. Los cultivos alternativos, según dice, no funcionaron.

“No había mercado. La única forma de sobrevivir en el trópico de Cochabamba era la coca”, dice Quispe durante un encuentro de mujeres cocaleras en Chimoré, en un gimnasio deportivo rodeado de lodo y atestado de vendedores ambulantes de comida. Pese al nombre del evento, solo los hombres hablaron el día que estuvo presente el periódico, antes de la pandemia de coronavirus.

En el pasado, a Quispe le arrancaron su plantación. Sin más alternativa, en 1992 emigró a Argentina, donde permaneció hasta 2001. A raíz de la represión, explica Quispe, los cocaleros comenzaron a formar el partido Movimiento al Socialismo, que llegó a controlar los ayuntamientos del Chapare y, en las elecciones de 2005, la sigla alzaría al poder a Evo. Con el excocalero en el poder, la dinámica cambió. “Si hay excedente de coca, hay que anunciarlo y la persona tiene que permitir la entrada en sus tierras”.

Hoy con 49 años, cultiva coca legalmente. Con el dinero ahorrado en Argentina compró 25 hectáreas. Su principal actividad es la ganadería –tiene 20 cabezas.

Como otros cocaleros, Quispe se mudó a Chimoré, a 10 km de su cato, una ciudad de comercio informal, casas sencillas y calles pavimentadas en mal estado.

Los ingresos de la coca son razonables. En la federación, el saco de hojas (23 kg) es vendido por 1.200 bolivianos. Cada cato produce, de media, tres sacos cada tres meses.

El área de la plantación, a la que antes se tenía acceso tras largas caminatas, ahora está conectada por caminos de tierra. En la región visitada por Folha, el cocal estaba a unos 5 minutos a pie de una carretera. Los cocaleros trabajan allí durante el día y por la noche regresan a la ciudad.

Para complementar los ingresos, los campesinos también trabajan para otros campesinos. Toda la siembra de coca es manual: el hacha y el machete se utilizan para abrir los campos de cultivo en el bosque. Una jornada vale 120 bolivianos.

Haciendo eco del discurso de Evo, nadie admite que la coca del Chapare se destine principalmente al narcotráfico. “Vendemos en nuestros centros de almacenamiento, despachamos a nivel departamental, en Cochabamba, y luego al país. La coca se distribuye para el pijcheo [para masticar]”, dice Leonardo Loza, uno de los principales líderes del Chapare y afiliado al MAS.

El periódico también visitó la región de Yungas. Aunque está a solo unas pocas decenas de kilómetros de La Paz, el viaje toma tiempo debido a los precarios caminos tallados en las montañas que van de los Andes a la Amazonía.

Como en el Chapare, no hay señales de riqueza ni desigualdad. Las casas, construidas en pendientes pronunciadas, son sencillas y los coches, viejos, la mayoría circula sin matrículas y procede del contrabando de Chile.

Sin embargo, a diferencia del Chapare, los principales líderes cocaleros de los Yungas dejaron de apoyar a Evo. Siempre latentes, las diferencias quedaron más evidentes tras la ley de 2017, que amplió el área de cultivos. La medida, dicen los líderes, favoreció al Chapare y legalizó la producción que se destina al narcotráfico.

En medio de la ruptura con Evo, varios líderes terminaron en prisión, entre ellos su principal líder, Franklin Gutiérrez. Durante la reciente crisis política, apoyó las protestas que llevaron a la caída del expresidente y luego se acercó al gobierno interino. El país está gobernado por la derechista Jeanine Áñez. Debido a la pandemia, las elecciones presidenciales se pospusieron de mayo a septiembre y luego a octubre.

Entre los cocaleros de Yunnan, no obstante, el exmandatario e es popular. Este es el caso de Elton Morán, de 30 años. Residente del corregimiento de Huancané, aprendió el oficio con su padre y su abuelo.

“La coca es la actividad que más apoyo nos da”, dice el agricultor en medio de su cocal. Comenzó a ayudar a su padre a los 12 años y hoy comparte la tarea con su esposa, con quien tiene dos hijos.

“Evo Morales entró cuando yo estaba en la secundaria. Mis padres estaban muy orgullosos de que un campesino llegara al gobierno”, dice Morán, quien señala el reemplazo de las paredes de las casas de barro a ladrillo como uno de los cambios favorables de su gobierno. “Muchos consideran que su llegada al poder fue muy buena, y otros lo rechazan. Personalmente, veo que estuvo bien. Dentro de cinco años, sabremos lo bueno que era Evo y también quienes lo juzgaron tanto”.

Coca, cocaína y Bolivia