"?Brasil?”, se pregunta a los inmigrantes haitianos acompañados de niños pequeños. Sus expresiones muestran agotamiento, pero casi siempre se recibe una respuesta afirmativa acompañada de una sonrisa es alta.

Son los haitianos que emigraron durante la década de 2010, después del gran terremoto de aquel año, que crearon familias y tuvieron hijos brasileños. Muchos se encuentran hoy sin perspectivas y buscan en el estrecho de Darién, la llamada “selva de la muerte”, una ruta hacia Estados Unidos.

En este territorio inhóspito entre Colombia y Panamá, controlado por el narcotráfico de un lado y por grupos indígenas del otro, la crisis migratoria más grave de las Américas en la actualidad transcurre como rutina.

Todos los días, más de mil personas, de media, logran completar la peligrosa travesía. Entre ellos, niños y adolescentes brasileños. Desde 2020, más de 15,7 mil, la mayoría hijos de haitianos, han cruzado la asfixiante selva tropical, en una caminata de aproximadamente 100 km. El recuento oficial es reconocidamente subestimado.

No hay una conexión vial que una las Américas del Sur y Central, ya que la carretera Panamericana está interrumpida precisamente por Darién. La mayoría de los migrantes suele llegar por el río Tuqueza y desembarcar de las piraguas, canoas con capacidad para transportar a las 15 personas que llegan diariamente a las comunidades indígenas.

Un número desconocido de vidas se pierde en el trayecto.

Formando una fila en un estrecho corredor entre frágiles construcciones de madera de la comunidad de Bajo Chiquito, región del pueblo Emberá-Wounaan, el niño Fiedimio, de 3 años, lleva puesta una camiseta con los colores de Brasil. Hijo de haitianos que vivían en Araguari, municipio vecino de Uberlândia, desde hacía siete años.

En esa mañana de martes de una temporada de sequía, con los termómetros por encima de los 35°C, estaba en el regazo de su madre, exhausta, esperando el proceso de selección del servicio de fronteras panameño, el Senafront. Bajo Chiquito es uno de los primeros puntos que acceden los inmigrantes después de cruzar la selva. Pasaron tres días y tres noches dentro de la floresta.

“Brasil es el mejor país para vivir. El único problema es el salario. Necesito ganar más dinero para ayudar a mi familia en Puerto Príncipe”, dice el padre, Fiednir Demosthen, junto a su hermano, Michelt, el primero de la familia en llegar a Brasil hace diez años, y también padre de un niño brasileño de 5 años. “Algún día quiero regresar a Brasil, comprar una casa y establecerme”, dice Fiednir.

Al menos el 15,7% del PIB de Haití está compuesto por transferencias enviadas por los expatriados, según el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) -en Brasil, la proporción es del 0,2% del PIB.

Menos de 24 horas después y a pocos kilómetros de donde estaba la familia de Fiednir, Mackenson, de 31 años, acariciaba a su hijo menor, el brasileño Guerlens, de 7 meses, unido al pecho del padre gracias a un portabebés. Junto a ellos, la esposa Ruudeline, de 27 años, y también el brasileño Leonardo, de 3 años, cuya lengua materna es el portugués. “Pero parece que no quiere hablar. Está un poco molesto, cansado”, comenta el padre.

En una fila con cientos de otros inmigrantes, la mayoría de América Latina, los padres haitianos, que vivían en Brasil desde hacía nueve años, bordeaban el río Tuqueza. Esperaban las piraguas que, por $25 (alrededor de R$125), llevan a los recién llegados a la Estación de Recepción Migratoria de Lajas Blancas. Es un terreno privado cedido al gobierno de Panamá para albergar a los inmigrantes y donde les espera una nueva odisea.

Mackenson tenía el dinero suficiente para llevar a su familia. No obstante, a su alrededor, decenas de personas sentadas en las piedras, a veces heridos por las lesiones sufridas en la selva, suplicaban que algún piragüero los llevara sin costo alguno. El dinero se había acabado o había sido robado por pequeñas pandillas que operan en el lado panameño de la selva.

“Lo que nos trajo aquí es el dinero”, dice Mackenson, que trabajaba en la construcción en la zona este de São Paulo. “En Brasil tenía mi casa, mi coche. Había construido mi vida. Pero con un salario de R$1.500, no puedo enviar $100 (R$500) a mis padres. Es triste tener que deshacerse de todo”.

La familia estaba en su decimoquinto día consecutivo de viaje hacia Darién. Salieron de la estación de autobuses de Barra Funda, en São Paulo, y fueron hasta Corumbá (MS), en la frontera con Bolivia. Cruzaron al lado boliviano y continuaron por vía terrestre, siempre en autobús, hasta llegar a Colombia.

Allí, tuvieron que pagar $350 (R$1.750) por persona al Clan del Golfo, el cartel del narcotráfico que controla la porción colombiana de Darién, para entrar en la selva, donde estuvieron tres días. “Me arrepiento mucho de haber venido. Ha sido un verdadero infierno”, relata Mackenson. Pese a ello, había decidido continuar buscando “el sueño americano”, un término tan común en Darién.

La desesperación por poder mantener a la familia y la falta de información sobre las condiciones hostiles de Darién explican en parte por qué el flujo no se detiene.

A 25 kilómetros por tierra de Bajo Chiquito -o al menos cinco horas en piragua, en una época del año en que el bajo nivel de los ríos dificulta la navegación-, David busca algún espacio con la mínima brisa fuera de la pequeña tienda de campaña que comparte con su familia en la caótica estación de Lajas Blancas.

Hace unos días, estaba en Manaos, donde compraba frutas y harina de tapioca en un mercado y las revendía en las calles. Intenta ayudar a su madre anciana, que aún está en Haití, y criar a sus tres hijos, los brasileños Joseph Mathias, de 13 años, Rebeca, de 4, y Débora, de 1 año y 9 meses.

“El salario no llega. Cuando vendía fruta, ganaba de R$2.500 a R$3.000 al mes. Con tres niños y mi esposa sin trabajo, no era suficiente”, dice David. Como la mayoría de los demás alojados en Lajas Blancas, también menciona problemas intestinales después de consumir las bebidas y comidas del lugar. La estación migratoria, saturada, albergaba a unas 1.260 personas aquel día.

David dice que no tiene dinero para pagar el billete de autobús -$40 (R$200) por persona- que atraviesa Panamá por la Panamericana hasta la frontera con Costa Rica.

Hace poco más de un año, antes del Carnaval brasileño, un accidente con uno de esos vehículos mató a dos niños brasileños en la provincia de Chiriquí, a casi 700 kilómetros de Darién: la niña Milena, de 2 años, y el bebé Biden Victor, de 6 meses.

Los niños formaban parte de un grupo de más de diez haitianos que salieron de Navegantes (SC). Ocho de ellos, incluyendo a Milena, eran parientes del conductor de Uber Samuel Emilé, natural de Puerto Príncipe y en Brasil desde 2013. En el accidente, también perdió a su hermano Julio, de 38 años, y a su hermana Gisleine, de 42.

A través de mensajes, la familia se comunicaba con Samuel, quien decidió no emigrar nuevamente. La decisión de partir hacia Estados Unidos se tomó después de que Julio fuera despedido injustificadamente y pasara por dificultades. “De la noche a la mañana, dejaron de llegar sus mensajes. Entonces, intenté buscar información y me enteré del accidente.”

Samuel viajó a Panamá para localizar a los parientes que sobrevivieron, pero estos habían decidido seguir adelante. “Lo que más me dolió fue que, cuando llegué, ya estaban enterrados en una fosa común, como perros”.

Lejos de la selva, otra niña brasileña superviviente de Darién pasa su infancia en las afueras de la capital, Ciudad de Panamá. Es la niña Delícia Chama, de 7 años. “Delícia” fue la única palabra que pronunció, además de “mamá”, cuando fue encontrada sola en la selva, a fines de 2019.

No se sabe si la niña, que llegó sin documentos y cuya edad se estimó mediante un examen dental, fue abandonada o perdió a su madre en la travesía. Sus escasos recuerdos la conectaron con el estado de Acre, donde supuestamente creció, pero no se encontró a ningún pariente.

Delícia acaba de ser naturalizada panameña con un nombre elegido por ella misma y que será omitido en este reportaje para preservar su identidad. También fue puesta en adopción.

En el mismo lugar hay otras dos bebés brasileñas, también protagonistas de la crisis migratoria. A fines de 2023, en una coincidencia que sorprendió a los servicios de infancia, las dos niñas, una hija de padres haitianos y la otra de angoleños, llegaron el mismo día sin sus familiares a Bajo Chiquito, en brazos de haitianos que dijeron haberlas encontrado en la selva, desamparadas.

En el caso de la hija de angoleños, de aproximadamente un año, la expectativa de la diplomacia brasileña es reunirla con su madre, que vive en São Paulo, tan pronto como sea posible. La bebé fue sacada del país por el padre biológico sin autorización.

Según el Unicef, el brazo de la ONU para la infancia, al menos 3.300 menores salieron solos de Darién en 2023 -en esta cuenta se incluyen aquellos cuyos padres aún están en la selva y pronto se reunirán con los hijos y los que fueron abandonados o perdieron a la familia por el camino.

Es el triple del número registrado en 2020 (1.079) y aproximadamente 50 veces más que en 2019 (65), cuando comenzó el monitoreo por parte del Unicef. De los más de 520 mil migrantes que cruzaron la selva de la muerte en 2023, al menos el 22% eran menores.

“Todos los días identificamos de 15 a 18 niños solos o separados de sus padres”, dice Margarita Sánchez, jefa de la oficina del Unicef en Darién, en la ciudad de Metetí, a orillas de la carretera Panamericana.

“Muchos dicen que nunca quisieron partir, que no fueron escuchados por sus padres. Pero llevan consigo un sentimiento de esperanza, de querer llegar a un lugar y poder estudiar, retomar la vida”.